EDITORIAL
CASA QUINTIL
22 DE DICIEMBRE 2024
HERMOSILLA
Luis Hermosilla es un reconocido abogado, que, en el ejercicio de su profesión y (haciendo dupla con su colega A. Chadwick), se desempeña como operador político, liderando una organización de dudosa reputación, (como dirían los siúticos), y sospechoso caracter delictual según se investiga hoy en los tribunales.
Con una cartera de clientes donde concurrían los más conspicuos personajes públicos, (políticos y empresarios), pertenecientes a la "flor y nata" de la fronda aristocrática.
Como sabemos, hoy enfrenta un proceso judicial por presunta responsabilidad en delitos de lavado de activos, soborno, cohecho, revelación de información secreta, fraude al fisco, entre otros.
La acusación de la que es objeto, apunta como también lo sabemos, al uso malicioso y delictual de los instrumentos y mecanismos del poder judicial para impedir que, en sus decisiones el sistema juzgue conforme a derecho, y lo haga, en cambio, en favor de la defensa de los intereses y el enriquecimiento ilícito de personajes emblemáticos pertenecientes a las elites que habitan la colusión de los poderes político y económico.
Frecuentemente la contraparte que sufrió las consecuencias de las acciones de esta organización ilícita fue el Estado.
Por sus servicios, según consta en los documentos investigados, cobraba suculentas coimas, además de participar de los dineros y patrimonios mal habidos, producto de los negocios sucios y todos los delitos que cometía.
(Es fin de año, tiempo de síntesis y balances, y aunque no existe aún, en el ricón pintoresco de las redes sociales el título de "niño símbolo de la currupción del año", bien se lo tendría ganado)
Descubiertas sus fechorías constatamos hoy que provocaron un “daño a la yugular” del sistema judicial, a tal punto que, los más importantes analistas políticos de la plaza (la reconocida Marta Lagos inclusive), han puesto en duda la factibilidad de devolverle, en un plazo prudente, al sistema judicial, las capacidades requeridas para juzgar conforme a derecho.
Se requeriría para ello, una operación de cirugía mayor para lo cual no existen las condiciones políticas ni los personajes con atribuciones, libres de culpas y agallas para “meter las manos al fuego”.
No se ve, por ello, en el horizonte, posibilidad alguna que la ciudadanía perciba que nuestro sistema judicial cumpla la función que justifique su existencia, esto es valga la rebundancia, hacer justicia.
En otras palabras, restablecer para la institución y sus funcionarios la confianza pública.
¿Alguna vez la tuvo acaso?
FRONTIS DEL PALACIO DE LA CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO
