EDITORIAL
CASA QUINTIL
25 de noviembre 2021
EL VERBO ES SUMAR.
Habrá tiempo para analizar y evaluar los aciertos y errores
que explican los resultados del proceso electoral que vivimos el pasado 21 de noviembre.
Las energías, los esfuerzos, el trabajo hoy más que nunca
debe estar focalizado en la tarea de conseguir los votos necesarios para
triunfar en la segunda vuelta.
Los liderazgos deberán, por cierto, dar las luces para
facilitar la tarea, actualizando las estrategias de alianzas y rediseñando un relato
focalizado en un debate presidencial compatible con la llegada a buen puerto del
proceso constituyente, cuyo desenlace está indisolublemente atado al propio
desenlace de la elección presidencial, así como a la configuración del
parlamento recién elegido que ya conocemos.
Un relato que en sus ejes fundamentales también conocemos y
dominamos esto es: un relato que ponga en el centro la contradicción fascismo
democracia y las demandas levantadas por el pueblo movilizado en el estallido: educación
gratis y de calidad, vivienda, previsión y trabajo digno (jornada de 40 horas) y
bien remunerado, acceso a una salud garantizada e igual para todos; y también por
cierto un relato que no pierda de vista las demandas levantadas por los
movimientos feministas, indigenistas y ambientalistas cuya satisfacción plena requiere
horizontes más amplios.
Para viabilizar aquello en verbo que hay que conjugar es
sumar y el sustantivo transversalidad sin poner en peligro, por cierto, las
transformaciones que se requieren hacer para garantizar los cambios que hay que hacer y herir los intereses que hay que herir, que, como hemos sido
testigos, el debate previo ya los ha incorporado al imaginario colectivo.
El propio comando central ha tomado la iniciativa
incorporando sabia nueva al enriquecimiento del programa en el área económica, situación
que, lejos de contenerse, debería extenderse a otros sectores privilegiando,
por cierto, personas prestigiadas del mundo independiente que han expresado
simpatías por el bloque e interés de participar y contribuir para hacer
realidad su propuesta de Gobierno.
EDITORIAL
CASA QUINTIL
10 de noviembre 2021
LA MILITARIZACIÓN DE LA LLAMADA MACROZONA SUR EN EL CONTEXTO
DE LA GEOPOLÍTICA LATINOAMERICANA.
Desde la ocurrencia de la masacre de Tlatelolco en la década
del 60, hasta el asesinato masivo de dirigentes sociales rurales en Colombia
durante los últimos años, pasando los
sucesos ocurridos en Ayotzinapa, (también en México), hace sólo siete años, la
militarización de la acción represiva del Estado, con participación activa de
grupos de civiles paramilitares , a las organizaciones y dirigentes sociales y
políticos en los países de la Región, se transparenta en sus respectivos países
con características que expresan propósitos, inspiración, organización,
programación y ejecución instalada en una “cabeza” común a cargo principalmente
de labores de inteligencia y capacitación de sus ejecutantes. No por casualidad
el primer contingente policial militarizado instalado en la llamada macrozona
sur se llamó “comando jungla”, formado fuera de Chile, para actuar en un país
que no tiene selva. Lo que está ocurriendo en la llamada macrozona sur es
imposible entenderlo sin encuadrarlo en el contexto geopolítico latinoamericano.
Entre las características comunes que identifican los
episodios asociados al fenómeno que comentamos podemos destacar en primer lugar el uso del negacionismo y pactos de
silencio de sus protagonistas, así como los montajes y fake news, en
colaboración con medios de comunicación, como técnicas usadas para hacer
desaparecer de la memoria colectiva los resultados de su acción y asegurar la
impunidad de sus autores.
Tlatelolco desapareció 25 años de la historia de México hasta
que la desclasificación de documentos de la CIA esclareció su participación en
los hechos junto a un grupo civil neofacista (el comando Lux) además de las
fuerzas militares y policiales que actuaron en terreno.
Hoy, cientistas sociales mexicanos asocian estos hechos a los
ocurridos hace sólo siete años en Ayotzinapa y exigen al actual Gobierno
liderado por AMLO, además de resultados de las investigaciones aún en curso, el
diseño y aplicación de una política oficial de recuperación de memoria, verdad
y justicia e instrumentos potentes para hacerla efectiva. ¿En Chile, el asalto
a las estaciones del metro deberá esperar también 25 años para ser esclarecido?
La militarizarización de la acción represiva en los gobiernos de
derecha, durante la década del 60, aunque sus operadores la justifican para
enfrentar la acción de los focos guerrilleros que surge en la Región, apunta principalmente
a organizaciones de jóvenes
radicalizados que operan preferentemente
en las Universidades.
En su máxima expresión esta estrategia se manifiesta en la
llamada “operación condor” que la adoptan en forma conjunta los gobiernos
militares que asumen el poder en las últimas décadas del siglo pasado. Comandos
formados para actuar en zonas selváticas; cuyos integrantes, ya fuera de las
esferas militares, siguen en actividad hasta hoy en Colombia, y, en su
condición de civiles financiados y vinculados al narcotráfico asesinan a centenares
dirigentes sociales.
En el curso de las últimas dos décadas, la estrategia se fue
adaptando para enfrentar la acción de organizaciones, algunas politizadas,
otras no tanto, que incorporan en su accionar la “rebeldía primitiva” (revueltas
y estallidos ensuciadas con acciones de vandalismo y otros tipos de violencia) y
en general, los efectos desintegradores del capitalismo salvaje neoliberal,
como la delincuencia, el narcotráfico, e incluso las migraciones,
(militarización de la custodia y protección de sitios urbanos estratégicos y
policías fronterizas). Se crean también comandos especiales para aplastar demandas
históricas levantadas por organizaciones de carácter feministas e indigenistas
(comando jungla).
Un instrumento fundamental para implementar esta matriz de la
estrategia geopolítica del país del norte son los diversos centros especializados
de adoctrinamiento político y militar de líderes del continente que operan en lugares
como Miami, Panamá o Colombia teniendo su eje operativo el CID, (Centro
Interamericano de Defensa) fundado el año 1962 en Washington, a metros de la Casa Blanca, el Congreso y el
Pentágono; el que, el año 2016 en uno de sus informes reconoce haber recibido en sus aulas a más de 2.700 alumnos provenientes de diversos
países del continente (bananeros, los menos).
El conflicto del pueblo mapuche, es con el Estado, como ellos
mismos lo han señalado. Con un Estado
monárquico primero y con el republicano posteriormente. La lectura de la documentación disponible
al respecto no admite una doble interpretación, su desenlace, que con toda
seguridad se producirá, cuando se produzca será político y no militar. Por otro
lado, esa es la forma en que se ha resuelto en los países en que se ha
resuelto.
Cabe preguntarse, entonces, a quien favorece hoy el
levantamiento del tema de la violencia a la superficie de la agenda y coyuntura
política.
La pregunta es pertinente, sobre todo considerando que la
vertiente militar del conflicto mapuche aflora con mayor fuerza a la superficie
en un “momento constituyente”, donde, qué duda cabe, la demanda indigenista tiene
absoluta prioridad. El momento, coincide, además, con la elección presidencial,
donde el candidato que no esconde su inspiración ideológica facistoide, apoyado
sin contrapeso por los medios de comunicación, ha tenido un relativo éxito en
colocar en el centro del debate la contradicción orden versus violencia.
