EDITORIAL
CASA QUINTIL
5 DE MARZO 2023
EL BALANCE Y LOS DESAFÍOS
QUE SE VIENEN.
El próximo 11 de marzo
cumplirá un año en el poder el gobierno encabezado por G. Boric, el tema se
toma la agenda política y el debate gira en torno las derivaciones que de ello
se deducen: balance, estado de avance de las transformaciones, legado, liderazgos
(cambios de gabinete), entre los más significativos.
El fenómeno ocurre en un
escenario particularmente complejo: un proceso constitucional liderado por los
sectores conservadores, donde se pone en marcha el proceso de elección de los
consejeros que redactarán las normas. Proceso en el cual un sector del
oficialismo desechó la oportunidad de enfrentarlo con una lista única, lo que
hubiera resuelto la principal asignatura pendiente que aún tiene el gobierno:
la articulación de la base política de apoyo.
En este contexto, las
expectativas políticas del proceso constitucional se reducen al logro de una mayor
presencia del Estado en el sistema político y económico que comprueben que el llamado
Estado Democrático de Derecho no será letra muerta, sino “sustancia”, o sea una parte medular de la propuesta que se plebiscitará el final del año.
De ocurrir aquello se
habrá propinado un sustantivo golpe al “estado subsidiario” debilitando con ello el principal pilar
del sistema neoliberal como forma de acumulación capitalista.
En el contexto del ejercicio
de gobierno las expectativas, en materia de
administración, apuntan a enfrentar un segundo año donde, por un lado en
materia de seguridad ciudadana, se consigan éxitos cada vez más
elocuentes, así como también en lo que dice relación con la protección de los sectores
vulnerables frente a los efectos de una inflación que muestra apreciables signos
de contención.
En materia de
transformación, en tanto, están en pleno proceso de tramitación los cuerpos
legales que dan forma al royalty minero, las cuarenta horas, y principalmente
la reforma tributaria y la previsional.
La configuración política del Congreso, que es el espacio en el que estas transformaciones se jugarán su viabilidad, ha llevado a la izquierda del progresismo, partido comunista incluido, a poner en el centro de la acción, la movilización social como "la llave" para inclinar la balanza a favor de un desenlace positivo
Este pacto con la ciudadanía ha sido revalorizado por el gobierno y los partidos y grupos sociales que conforman su base política y social de apoyo, categorizàndolo como “impronta progresista” y poniéndola al centro de su relato para el período que se inicia.
NOTICIAS DESTACADAS
PORQUÉ LA DERECHA VOTÓ EN CONTRA DE LA REFORMA TRIBUTARIA:
Columna de Daniel
Matamala: Pasó la vieja
La caída de la reforma
tributaria puede relatarse como una sucesión de contingencias: un gobierno que
sacó mal las cuentas, un ministro que “levantó la voz”, carreritas de último
minuto al baño. Esas pequeñas historias explican los dos votos faltantes, pero
iluminan poco el fondo del asunto; es que, aunque hubiera superado la valla de
esta semana, la reforma no tenía buen pronóstico en los trámites que seguían.
La gran historia, en
cambio, revela un hecho indiscutible: en las últimas tres décadas (desde el
acuerdo Foxley-RN de 1990), ninguna reforma tributaria estructural ha tenido
éxito sin antes ser aprobada por el gran empresariado.
Ninguna.
En 1993, según el
entonces joven asesor de Hacienda Mario Marcel, el gobierno, “en lugar de
dirigirse a la oposición, inició una serie de contactos con el sector
empresarial”. Con ellos “se logró un acuerdo básico, que permitió poner en
marcha las negociaciones políticas con la oposición”. Este incluyó bajar los
impuestos a las rentas más altas.
En 2001, la transacción
con la CPC fue subir el impuesto a las empresas a cambio de bajar de nuevo el
de las altas rentas, lo que el expresidente Lagos describió como un “caramelo”
para el empresariado. En 2002, la “cocina” fue abierta y sin disfraces. La
Sofofa presentó una agenda pro-crecimiento, la negoció con el gobierno, ambas
partes firmaron un acuerdo y lo enviaron al Congreso.
En 2014, el gobierno
Bachelet tenía mayoría parlamentaria, pero aun así negoció su reforma
tributaria en 12 reuniones secretas en una oficina particular en la Alameda. De
un lado, Hacienda. Del otro, los hermanos Fontaine, directores de empresas de
grandes grupos económicos. El acuerdo final se alcanzó en casa de Juan Andrés
Fontaine, exministro, consejero de Libertad y Desarrollo, y director de
empresas de los grupos Luksic y Said, mientras el ministro de Hacienda comía
galletitas.
Es lo que el sociólogo
Antonio Cortés Terzi bautizó como “el circuito extrainstitucional del poder”,
en que el empresariado, “por su homogeneidad y potencialidad hegemónica”, se
constituye “en clase dirigente, aun cuando no ostente el poder formal”.
En 2022, el ministro
Mario Marcel presentó una nueva agenda pro-crecimiento a los grandes
empresarios. “Gobierno sólo “informa” nueva agenda económica a la CPC”, fue el
titular de ExAnte. Las comillas y el adverbio “sólo” destacan el desconcierto
de los líderes del gran empresariado, quienes “abrigaban la expectativa de que
se reeditaría la Agenda Pro Crecimiento que en 2002 cerraron Hacienda y la
Sofofa”.
Marcel, el mismo que
describía la dura realidad de los últimos 30 años, parecía confiar en que Chile
sí había cambiado. Después de todo, en octubre de 2019 Andrónico Luksic había
dicho que “todos debemos reaccionar, y los que podemos, tendremos que ayudar a
pagar la cuenta”, aceptando un impuesto a los altos patrimonios. “Necesitamos
un pacto social”, añadía el presidente de la CPC Alfonso Swett, quien pedía
“perdón por las orejas chicas que hemos tenido en el pasado y nos comprometemos
ahora a tener orejas grandes”.
La reforma tributaria de
Marcel atacaba la elusión y la evasión de rentas del capital que, según el
exdirector del SII Michel Jorratt, llega a 4,5 puntos del PIB, más que todo el
presupuesto nacional de educación. Para ello, siguiendo estándares de Estados
Unidos, el Reino Unido, la OCDE y el BID, le daba dientes al SII,
flexibilizando el secreto bancario, permitiendo denuncias anónimas y creando un
registro de beneficiarios finales para transparentar la madeja de sociedades
que oculta a los dueños del capital.
Además bajaba el
impuesto a las empresas que invirtieran en innovación; subía el tributo a las
rentas personales del 3% más adinerado del país y creaba un impuesto que
afectaría a seis mil “súper ricos” con patrimonio sobre cinco millones de
dólares: el 0,03% de los chilenos. Estas normas tenían un apoyo ciudadano de
69%, 70% y 77% respectivamente, según Cadem.
La CPC se opuso
tajantemente a las normas antievasión (“disminuyen los derechos de los
contribuyentes”) y a los impuestos a los más ricos (significan “gravar el
ahorro, gravar las utilidades retenidas, que dan el desarrollo económico al
país”).
La OCDE, en cambio,
respaldó con entusiasmo la reforma, a la que calificó de “ambiciosa, pero
factible”, ya que sus ejes “van en la dirección correcta”.
Es que, según la OCDE,
los impuestos en Chile “se encuentran entre los más bajos” de esa organización
y “la relación impuestos-PIB de Chile es inferior a la de los países
desarrollados cuando tenían un nivel de ingresos similar al de Chile”. Nuestra
estructura fiscal es “una de las más divergentes de la media”, al centrarse en
el IVA, que castiga a los más pobres.
La conclusión de la OCDE
es que “hay margen para que Chile aumente su bajo nivel de impuestos y
reequilibre su estructura fiscal”, considerando que “son pocos los países que
han alcanzado la prosperidad económica históricamente, con una baja relación
entre impuestos y PIB”.
Claro, puede que la OCDE
obedezca a las oscuras instrucciones del marxismo internacional, y que Mario
Marcel, elegido como el mejor banquero central del mundo, sea en verdad un
quintacolumnista de La Habana y del K-Pop, dedicado a destruir el capitalismo
desde dentro.
Pero, no sé, tal vez la
reforma que la OCDE aplaudía era en general razonable, y los dueños del capital
la bloquearon porque tocaba sus intereses, tal como lo han hecho con éxito, una
y otra vez, por tres décadas.
Para ello, contaron con
la complicidad del jilismo, que, actuando de consuno con la derecha, negó los
votos decisivos. Tampoco vamos a sorprendernos de verlos en esa vereda. El
mismo día que dejaban caer la reforma, Pablo Maltés, pareja y fallido ahijado
político de Jiles, copiaba textualmente la minuta del Partido Republicano,
acusando al gobierno de “feminismo de cartón”.
Después de rechazar que
los más ricos financien el aumento de las pensiones, asignaciones familiares y
presupuesto en salud pública, Jiles volvió a lo suyo: un “sexto retiro” para
que la gente se gaste sus propios ahorros en salvarse sola.
La vida sigue igual. ¿Reaccionar? ¿Pagar la cuenta? ¿Pacto social? ¿Orejas grandes? Nah, ya pasó la vieja.
CAMILA VALLEJOS SACÓ APLAUSOS (PINCHA EL LINK)
https://www.chvnoticias.cl/show/camila-vallejos-aplausos-concierto-los-bunkers-abel-zicavo_20230312/
